De los otros casos andinos, para San Juan se ha estudiado la legislación sobre el riego en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX, que combinaba las prácticas hispánicas y las locales, posibilitando una apropiación del riego por parte de los propietarios a través del derecho de uso. No obstante, el Estado provincial fue logrando cada vez mayor control sobre el riego, aunque en tensión constante con el interés de los grandes propietarios. En la provincia de La Rioja desde 1870 regía una ley que había regulado la distribución del agua de riego a través de comisiones de regantes, que se ocupaban de administrar el sistema de turnos para cada vecino. Finalmente, se han trabajado los proyectos y realizaciones para aprovechar los ríos del norte de la Patagonia, desde Neuquén al Atlántico, los casos que corresponden a la provincia de Buenos Aires tuvieron distinta suerte, los más importantes fracasaron debido la falta de continuidad de las empresas, las dificultades de las distancias y el clima adverso y las obras que no se terminaban, entre otras razones, si bien algunos pequeños emprendimientos privados tuvieron cierta continuidad.^[4]

La provincia de Santiago del Estero, se conformó en su espacialidad como una masa transicional entre el pedemonte andino y las llanuras orientales. Está atravesada diagonalmente por dos ríos que dividen el territorio, hacia el sur-este el río Dulce que desemboca en la laguna de los Porongos y Mar Chiquita y hacia el nor-este el río Salado que desemboca en el río Paraná, además de otros ríos menores que los alimentan en épocas de lluvias en las altas montañas.

Tanto el Dulce como el Salado son ríos de llanura, por lo mismo sus cauces son erráticos y con ciclos climáticos agudos estacionales con grandes períodos de lluvia que generaban grandísimos y móviles bañados cultivables, le seguían años de extrema y agobiante sequía. El territorio que se ubica entre ambos ríos conforma una gran llanura que recibe el nombre de “mesopotamia santiagueña” y marcó los límites históricos entre los cuales se desarrolló una muy productiva sociedad desde mucho antes de la llegada de los españoles. Las poblaciones nativas asentadas sobre estos espacios ecológicos, fueron drásticamente afectadas por la fundación definitiva de la ciudad de Santiago del Estero y por la monopolización del uso del agua que hicieron las autoridades españolas, “el elemento más disruptivo para el ambiente de zona inundable”.^[5]

Palomeque explica que en el Tucumán los españoles abandonaron la política de superposición de asentamientos coloniales y comenzaron a hacerlo en espacios “cálidos y llanos, no deseados e imprevistos”, tal cual fue el caso de la fundación de Santiago del Estero, a orillas de un río que tuvo períodos de grandes inundaciones, haciendo que la lucha contra ellas fuera denodada hasta fines del siglo XIX, insumiera los mayores esfuerzos materiales y humanos y determinara la movilidad permanente de la ciudad hasta su asentamiento definitivo en 1702, mientras una población española no habituada a estos sistemas ecológicos, entendía que sobre la ciudad pesaba un castigo divino.^[6] En la inundación de 1825 el río Dulce se alejó hacia el oeste y corrió por las salinas hasta que, recién en 1901, otra gran creciente derrumbó los canales y el río retornó a su antiguo cauce.^[7]

Cuando hablamos del “monopolio del agua”, o la apropiación imperial de tal recurso, advertimos  que desde el cuarto traslado de 1553 por Francisco de Aguirre en adelante, los españoles modificaron drásticamente el sistema productivo indígena de los antiguos bañados móviles por el de canalización del agua del río Dulce a través de la acequia principal, llamada Acequia Real, y las hijuelas que abastecían a cada chacra que se habían repartido a lo largo de la misma. La población indígena fue retirada del trabajo comunitario en  los bañados para pasar a mantener una acequia (que por la cantidad de arena que traía un río de llanura necesitaba de mucha y permanente mano de obra para su mantenimiento) y a trabajar en el cultivo de las chacras de los españoles.

Hasta mediados de siglo XIX esta forma productiva funcionó irregularmente, permitiendo, por temporadas, el abastecimiento interno de cereales, con algunos excedentes que se vendían a jurisdicciones vecinas, además de frutas y la cría de animales menores. Pero, a mediados del siglo XIX, cuando la provincia comenzó su vinculación al orden liberal nacional, sumada la voluntad de la elite dirigente de insertarla como productora de materias primas, marcó un punto de quiebre con estos modos de abastecimiento de agua dulce para los cultivos. Si a ello le sumamos los procesos privatizadores de tierras fiscales que alejaron las estancias hasta distancias insospechadas, la introducción de nuevos cultivos y el impulso a una temprana industrialización, el conjunto nos pone ante un nuevo formato productivo que necesitó, centralmente, de una provisión de agua lo más alejada posible de las irregularidades estacionales, para asegurarse cantidad y calidad en las cosechas. De modo que los desbordes de los ríos debían ser controlados y los bañados se convirtieron en obstáculos que interrumpían las comunicaciones y los transportes.

La provincia de Buenos Aires, que a inicios del siglo XVIII controlaba efectivamente un territorio de unos 100 km de radio alrededor de la ciudad puerto, expandió sus fronteras desde la creación del virreinato hasta fines del XIX, con épocas de avances y retrocesos vinculadas a las luchas con los indígenas que trataban de detener esa apropiación de su territorio por el mundo criollo. La culminación de este proceso con la denominada “campaña al desierto” implicó el traspaso a manos privadas de los últimos cuatro millones y medio de hectáreas entregados en grandes parcelas con el último reparto de tierras en 1878 para financiar la campaña de Roca, que completó los límites de la provincia desde la zanja de Alsina, las tierras que llegaban al río Colorado y hasta el meridiano V, ejecutándose las mediciones a inicios de la década siguiente.^[8] Sobre los territorios del extremo sur provincial entre las serranías de Tandilia y Ventania y los ríos Colorado y Negro, hubo diferentes iniciativas del estado provincial y de los propios grandes hacendados para aprovechar el agua de los ríos con fines agrícolas.

La vinculación productiva de los diferentes espacios agrícolas regionales argentinos al mercado mundial, durante la segunda mitad del siglo XIX, fue llevada adelante mediante diferentes políticas públicas en torno a la propiedad de los bienes y la gestión del territorio. Cada una de estas políticas impactó en la relación entre las comunidades locales y los poderes provinciales.

Con respecto a la gestión del agua, un tema aún poco abordado por la historiografía concentrada en las grandes llanuras, en este trabajo nos proponemos iniciar el estudio de los modos en que fue cambiando el uso para beneficiar a la agricultura en las provincias de Santiago del Estero y Buenos Aires, entre mediados de la década de 1870 y 1915. En la primera, estudiaremos la forma en que la cuenca del río Dulce se vio atravesada por canales principales que, tomando agua del curso principal, la derivaron a través de una red de canales subsidiarios e hijuelas, que trazaron una compleja red hídrica principalmente en el ejido urbano de la ciudad de Santiago del Estero para desarrollar cultivos novedosos para la provincia como la vid, la caña de azúcar y el arroz, dando lugar al surgimiento de una serie de pequeñas villas. En la segunda observaremos cómo la demanda de grandes propietarios de las tierras de reciente ocupación criolla del suroeste y sur provincial proyectó la construcción de canales de desvío de ríos y arroyos para regar sus campos, como así también la provincia desarrolló una serie de estudios de canalización para generar colonias agrícolas.

Nos proponemos avanzar sobre las relaciones entre las tramas políticas y económicas y las confluencias de intereses públicos y particulares, que hicieron posible que los gobiernos provinciales tomaran bajo su responsabilidad la provisión de agua para el desarrollo de la agricultura; identificaremos las instituciones involucradas en el gerenciamiento del aprovisionamiento de agua y las cuestiones técnicas que se pusieron en juego, las dificultades que debían sortearse y los límites que planteó el esquema de desarrollo. Por último, y teniendo en cuenta que para la administración del agua de riego el gobierno de Santiago del Estero organizó un esquema sindical centralizado con apoyaturas departamentales, nos adentraremos en la historia del primer espacio democratizador en la provincia con instituciones cuyas autoridades eran elegidas por los propios regantes propietarios de tierras y renovadas anualmente. Esto contrasta con el modelo bonaerense en el que la iniciativa privada de los grandes propietarios tuvo respuestas prácticamente personalizadas a través de decretos y disposiciones ad hoc. Las fuentes son las Compilaciones de Leyes, Decretos y Resoluciones de la Provincia de Santiago del Estero, la documentación del Archivo Histórico de Santiago del Estero y las Copias de Mensuras de la Dirección General de Catastro de la provincia. En Buenos Aires, el Registro Oficial, la documentación en los Archivos Históricos de la Provincia de Buenos Aires y Geodesia.

2. La gestión del riego en las llanuras

2.1 Santiago del Estero

Cuando en 1851 la provincia de Buenos Aires y la Confederación se separaron, ésta última fue privada de los recursos aduaneros, de modo que se vio impelida a buscar alternativas para comercializar las producciones de los territorios que habían quedado bajo su jurisdicción, entre ellos la provincia de Santiago del Estero, que le permitieran sostenerse económica y financieramente. Uno de esos recursos fue el estudio de los ríos confederados, entre ellos el Dulce y el Salado, para averiguar las posibilidades de navegación para el transporte más rápido y económico de mercancías de importación y exportación.

Así es como luego de la firma del Tratado de San Nicolás de los Arroyos, en 1852, en el que Santiago solicitó establecer un puerto propio sobre el río Paraná, comenzaron las gestiones y acciones exploratorias de los ríos bajo la supervisión de agentes norteamericanos. En el Dulce se procuraba, además, derivar agua hacia las antiguas villas de Loreto, Salavina y Atamisqui, ubicadas en los espacios más productivos y en el Salado, que desemboca en el Paraná, se pretendía desarrollar una vía de comercialización rápida y más económica que la Confederación necesitaba con urgencia. Ambas exploraciones terminaron en rotundos fracasos, por ser ríos de llanura, acumular demasiada arena y la estacionalidad de las lluvias que requería de trabajos de dragados permanentes, por carecer la provincia de mano de obra relativamente especializada, finalmente, y tal vez la más importante, por la falta de interés de los inversores extranjeros.^[9]

Estos fracasos tuvieron unas consecuencias trágicas para la provincia, como fue deshacerse de millones de hectáreas boscosas, hipotecando primero y vendiendo después las mejores tierras, para poder pagar los procesos de modernización industrial que se volcaron a la cuenca del río Dulce. En ese proceso, la dirigencia político-económica (esto es, los mayores propietarios de tierras) advirtió que no se podía producir en forma regular y permanente con las condiciones naturales. De modo que volvieron a la antigua práctica española de cultivar bajo distribución de agua por canales de regadío, al mismo tiempo que crearon organismos que administraran su uso.

2.1.1. Los organismos de control y fiscalización del riego

La primera experiencia decimonónica del riego por canalización se realizó en la ciudad capital con las quintas que la rodeaban y en octubre de 1867 fue creado el Consejo de Irrigación,^[10] integrado por cinco miembros de elección anual, la primera vez fueron nombrados por el Poder Ejecutivo. En la primera elección estaban los hombres más importantes de la burocracia provincial, don Gregorio Santillán,^[11] don Martín Herrera,^[12] don Pío Montenegro,^[13] don Eleuterio González y don Eleuterio Gómez. Este Consejo debía administrar económicamente las acequias públicas, abrir veredas anchas en sus laterales y rectificar las calles que dividían las propiedades vecinas, mantener la salubridad de los establecimientos bajo riego y también el ornato. Todas las acequias estarían bordeadas de álamos frondosos.^[14] Además, grandes árboles y agua fresca corriendo permanentemente, cumplían la muy importante función de regulación de las altas temperaturas en los largos veranos santiagueños.^[15]

A partir de 1877 el Sindicato de Regantes^[16] fue el responsable de la administración de las acequias, cuyos vocales eran elegidos por los miembros y desempeñarán sus cargos gratuitamente. Es decir, se produjo a lo largo de una década de creación y consolidación del sistema de riego por canales en la capital, un desplazamiento en su administración, desde el Estado en la figura del Gabinete Topográfico, a los particulares regantes, dejando el primero de tener responsabilidades al respecto, sin variaciones en lo relativo a la forma de administración.

Entre tanto comenzaron a realizarse otras obras más acotadas de canalización para derivar agua hacia históricas villas del interior. Ejemplo de ello fueron las obras del canal que llevaba agua desde el río Dulce hasta la Villa de Loreto, de 2.905 varas de largo y 4 de ancho, hasta el brazo del río Muerto de Manso (Alén Lascano, 1992). Junto con el canal derivador se creó un Consejo de Irrigación para el municipio en enero de 1868^[17] que se concretó en 1870 con autoridades elegidas directamente por los agricultores y se realizó el primer relevamiento catastral de la villa en la que de modo paralelo se impulsó el desarrollo agrícola.^[18]

Para cerrar este primer proceso diremos que la mayor preocupación de la dirigencia provincial dirigida por la familia Taboada fue expandir las fronteras al este del río Salado con entregas de tierras fiscales para ponerlas en producción. La propia elite fue la mayor beneficiaria y se apropió legalmente de las mejores tierras con los mayores bañados, donde la población ya criolla mantenía el cultivo de bañados pero no lo hacían en cantidades exportables, sino más bien para consumo de las propias estancias dedicadas a la cría de vacunos y yeguarizos.

2.1.2. Agua para la industrias

El movimiento revolucionario que desplazó a los Taboada del poder en 1875, instaló una nueva dirigencia (1875-1882) pues estuvo al tope con las disputas facciosas y la inestabilidad política. Inevitablemente impactaron los fracasos de los primeros procesos modernizadores en el área rural y de unas fronteras en expansión pero aún no productivas para los cereales. De modo que se realizaron considerables esfuerzos por volver a poner en producción la agricultura bajo canalización y riego con modernos criterios productivos pensando en la exportación de la materia prima, esta vez en gran escala, sobre el histórico corredor del río Dulce. Por el tipo de producciones, la posibilidad de contar con agua permanente por riego y las conexiones de caminos para sacar sus producciones, los nuevos industriales prefirieron las cercanías del río Dulce y de la capital provincial donde residían. Las bases de la administración del agua ya se habían establecido en el período anterior, de modo que correspondía consolidarlas y ampliarlas. Una incipiente inmigración, capitales de inversión y facilidades impositivas, significaron grandes alicientes para los productores de la zona de regadío en expansión.^[19]

En 1878 se abrió un canal que es icónico en la historia del sistema de regadío por canalización, el Canal de la Cuarteada, en el Departamento Banda, y a pesar de que no era el propósito original, se convirtió en el abastecedor de las acequias que se iban abriendo para ampliar la zona de cultivo bajo riego. En 1885 se licitó su ampliación por 7 km y aparece por primera vez el criterio de “expropiación” de las tierras que atravesaba y los vecinos que abrieran nuevas boca-tomas pagarían un alto impuesto por cada metro de canal que construyeran.^[20] Su bocatoma fue arrasada por una gran crecida en 1886 y debió ser repuesta en más de una oportunidad.^[21] Tenía un canal central o “maestro” y otros derivadores que llevaban el agua directamente a las fincas.

2.1.3 Los avatares de la organización administrativa y burocrática en la gestión del riego.

La cantidad de canales y acequias abiertas a los fines de riego fue tan grande en tan poco tiempo, que en 1877 se creó el Sindicato de Regantes,^[22] organismo en el que el Estado delegó la administración de las acequias y que debía publicar anualmente por la prensa la nómina de los socios contribuyentes, los turnos de riego que se consumieran con especificación de las horas y los días del mes y los regantes que utilizaran agua, cuestiones que nos hablan de un control cada vez más cuidadoso de un elemento que seguía dependiendo de la estacionalidad de las lluvias.

Ahora, una cuestión que aparece como bien interesante es la organización interna de la administración de las acequias es que cada una de ellas tenía su propia Junta General de Regantes que velaba por el uso apropiado del agua, y una vez al año estaba obligada a publicar en la prensa local la nómina de contribuyentes, los regantes que consumieron agua y los turnos especificados por horas y días del mes. Además estaban autorizadas a imponer penas pecuniarias a aquellos que “distrayeran las aguas”, lo que significa en la práctica regar más tiempo o más hectáreas de lo permitido; destruir los bordos (bordes) porque el agua se derramaba inútilmente, o destruyeran los arbolados que ayudaban a contener sus contornos fijos, o rompieran los puentes. También podían sancionar a quienes robaran las frutas y sacaran pastos o leñas de las quintas, lo que nos habla del establecimiento de férreos controles sobre sociedades rurales o periurbanas acostumbradas al uso comunitario de todos los espacios sobre los que comenzó un rápido proceso de privatización.

Los integrantes de esta Junta eran nombrados entre los empadronados y anualmente se renovaban, además redactaban sus propios Estatutos que regulaban su funcionamiento y que debían ser aprobados por el gobierno provincial. Aún así, deviene en un primer ejercicio de autocontrol y gerenciamiento bien interesante y para nada alejado de conflictos. A medida que cada Sindicato tomaba la dirección y administración de cada una de las acequias, el Gabinete Topográfico dejaba de intervenir.

Casi dos años más tarde, el Sindicato de Regantes fue disuelto.^[23] Lamentablemente no tenemos sus libros de actas, por lo que carecemos de información sobre su funcionamiento que explicaría, desde lo interno, este cambio radical, pues a partir de enero de 1879 las acequias fueron administradas por el Poder Ejecutivo por intermedio del Departamento Topográfico, la Intendencia de Policía, un Inspector-Administrador y un acequiero (figura ésta última que tiene  plena vigencia). Aunque si descartamos problemas internos en el funcionamiento del Sindicato, podemos entenderlo desde el lugar del control, de la fiscalización y del cobro de impuestos, ya que el 13 de diciembre de 1878 la Sala de Representantes había aprobado la Ley de Impuestos sobre Uso de Agua y Alumbrado Público.^[24] Tenemos allí una mirada del Poder Ejecutivo que advierte que el agua transportada por canales de riego para favorecer el desarrollo industrial así como de chacras y quintas, se puede transformar en un recurso económico para el Estado provincial, siempre carente de ellos. De modo que los finqueros habrán de pagar, o el cobro será ejecutivo.

En enero de 1882 se sancionó la Ley Orgánica del Departamento de Irrigación, Agricultura, Canalización y Estadística, atendido por el Presidente del Departamento Topográfico que sumaba el título de Inspector General de Agricultura. Estaba acompañado por dos vocales y tenía bajo su dirección las Comisiones Departamentales encargadas de sostener y fomentar los intereses generales del riego y la agricultura en cada Departamento.^[25] Pero muy importante dentro de sus funciones era establecer la ubicación, extensión y límites de los canales de riego y de desagües, y la obligación de reunir en sus propias secciones todos los datos estadísticos de agricultura y presentarlos anualmente al Inspector General bajo el formato de Memoria. Ésta permitía establecer puntualmente las cuadras de terreno empleadas en el cultivo de los pastos, arboledas, caña de azúcar y cereales, con especificación de sus diferentes clases y monto de sus cosechas,^[26] con lo que tendremos un primer mapeo de la zona agrícola de la cuenca del Dulce.

Pocos meses después y con una sequía prolongada se presentaron los primeros problemas prácticos sobre cómo distribuir el agua en esas situaciones,^[27] se sancionó la Ley de Irrigación orientada a solucionar las dificultades que se venían planteando en 1883 los agricultores que solicitaron intervención en la designación de las comisiones locales, “para vigorizar la acción de ésta, dándole mayor autoridad moral”. Así, cada diciembre se reunirían los regantes en una asamblea que estaría presidida por el Juez de Paz Departamental, y se elegirían dos candidatos para cubrir cada vocalía “a mayoría absoluta del total de regantes del Departamento”. Si la rechazaba el Poder Ejecutivo, órgano de convalidación de la elección, se procedería a una nueva elección.^[28] Y se redefinió el impuesto sobre uso del agua para agricultura de las acequias públicas, como lo seguirá siendo en adelante y en sucesivas oportunidades.

A las primeras acequias capitalinas se sumaron la de la futura avenida Colón y la de la Aguirre, armando un entramado de regadío y producciones que reforzaban el ejido urbano como espacio productor y abastecedor a la ciudad capital, y el otro espacio en el Departamento Banda que se había anticipado en la instalación de establecimientos productores, particularmente en los Distritos Rincón y Santa Elena.^[29]

En enero de 1884 se vuelve a crear el Sindicato de Regantes para la Capital, donde estaban la mayor cantidad de acequias, poniendo la administración, los sueldos y cobros directamente bajo responsabilidad de los propios regantes. A partir de ese mismo año, las peticiones al Poder Ejecutivo para abrir canales de irrigación para terrenos particulares se realizarán de modo individual, y así saldrán los decretos respectivos, interviniendo en la aprobación el Departamento Topográfico y el Fiscal de Estado. El 29 de diciembre de ese mismo año de 1884 se derogó la ley que había creado el Sindicato y el Poder Ejecutivo retomó el control de la distribución de las aguas de riego.^[30] Por fin, en noviembre de 1887 se dictó la Ley sobre Impuesto al Uso del Agua en la que se detalla qué tipos de usos tendrá el agua de canalización y qué costos tendrá su uso acorde a su aprovechamiento, para riego, fábricas, molinos hidráulicos, abrevaderos, plantaciones especiales, criadores de peces, etc, listado que nos da una idea somera de cómo se fue desarrollando y diversificando el espacio productivo de la antigua cuenca del río Dulce. También es importante porque establece que el agua de un terreno se transfiere con el terreno mismo, como si fuera un bien raíz, y por ello se cobraban importantes impuestos, salvo que el terreno estuviese dedicado únicamente al cultivo, con lo que los impuestos bajaban a sellados y cuestiones menores. Cada terreno dotado de agua por riego debía anotarse en el Departamento de Irrigación, con lo que se establecía un control un poco más estricto de los terrenos bajo riego. Las modificaciones de la administración del riego en la cuenca del río Dulce siguieron al ritmo de las problemáticas políticas y económicas de la provincia, el 5 de agosto de 1890 se unieron el Departamento Topográfico y la Superintendencia de Irrigación y en 1899 se aprueba la inversión de $382.930,39 en los trabajos de riego ejecutados en la provincia, las que se necesitan realizar y aquellas que hay que concluir que se puede unificar con la inversión de $6.148,26 en la ejecución de las obras de defensa del río Dulce. Y ya sobre 1900 comienza la provisión de agua a las villas del interior, la primera fue villa la Punta, en Guasayán.^[31]

Algunos cálculos preliminares, y a modo de ejemplo, del alcance productivo bajo riego nos permiten afirmar que la superficie irrigada paso de 3 acequias que sumaban 84 km y unas 759 hectáreas en cultivo en 1866 a unas 20 acequias de 184 km de extensión que irrigaban 3.015 hectáreas en 1881.^[32]

2.1.4. La fundación de villas en Santiago del Estero

El permanente aliento al desarrollo económico provincial en base al establecimiento de colonias de inmigrantes en las tierras públicas provinciales, sufrió frustraciones sucesivas y reorientó el desarrollo agrícola al antiguo corredor del río Dulce, valorizando las tierras y las propiedades de modo exponencial. La expansión de la frontera agropecuaria requirió, por las particularidades de unos terrenos de antiguos bosques que se van talando sin controles, de la provisión de agua en forma más permanente que la brindada por estacionalidad veraniega. El ordenamiento sobre las poblaciones de trabajadores, permanentes y estacionales, en estos territorios productivos hizo necesario al gobierno reglamentar el conchabo de peones “para evitar las dificultades que se suscitan con frecuencia”, y para ello nombraron una Comisión presidida por el Dr. Nicolás Leiva, Pedro San Germes, Federico Harthib, Pablo de Susini y Próspero de la Silva, quienes organizarán un Reglamento de Servicio de Jornal cuya responsabilidad de ejecución correspondía a la Intendencia de Policía^[33].

Este proceso profundizó también la fundación de villas, que había comenzado en los años finales del Taboadismo, 1874, con las fundaciones de “Simbol-Cañada” (Departamento Banda), “Pozo Hondo” (Departamento Jiménez 1°) y “Jiménez” (Departamento Jiménez 2°), todas bajo la Ley General de Expropiaciones del 27 de abril de 1877. En 1877, cuando se conocía que el ferrocarril no pasaría por la antigua capital santiagueña y haría un recorrido desde Córdoba  hasta Tucumán pasando por lo que es actualmente la ciudad de Frías, se decidió fundar “Villa Únzaga” (Frías)convertida desde dos años antes en puerta de ingreso del proyecto ferroviario a Santiago del Estero que unía Córdoba con Tucumán.^[34]  En 1882 comenzó la extensión del ramal desde Frías a Santiago pasando por Choya y Loreto (las dos localidades más importantes en cuanto a su desarrollo agrícola y comercial), impulsado por el extraordinario desarrollo de la agricultura a ambas márgenes del río Dulce.

A medida que se extendía el ferrocarril y desde 1884, a su vera se fundaron otra serie como la “Villa San Martín” cuya estratégica ubicación generó, en historias paralelas, conflictos con antiguos poseedores (mas no propietarios), y una historia de solicitudes y entrega de lotes exponiendo un cuadro de “notables” santiagueños, la mayor parte de ellos funcionarios y hasta el propio gobernador, solicitando dos lotes en el pueblo, dos lotes de quintas y dos lotes de chacras: Pedro J. Lami, Luis L. Cerro, Esteban Gandulfo, José Herrera, Fernando Silveti y Fortunato Olivera, etc. A ésta fundación le seguirán la “Villa 28 de marzo^”[35] en el departamento Mailín, Distrito Bracho, cuya ubicación fuera cambiada por lo menos en una oportunidad^[36], La “Villa de Guasayán”^[37] serán las dos últimas grandes villas del 1885. Cabría aclarar que en estas villas, pero particularmente la de San Martín, inmediata a la antigua Loreto, plantea una verdadera apropiación de los agentes del estado que procuraron establecerse según su jerarquización en la burocracia, los mejores lotes, quintas y chacras.

Luego tenemos otro tipo de villas proyectadas, más pequeñas y que actuarían como articuladoras de los centros más importantes, en el año 1885 y a la vera del ferrocarril y con nominaciones muy liberales y de la Argentina moderna en que vivían^[38]: en Choya la “Villa Rivadavia”, en Laprida la “Villa Laprida”, en el Simbol, Departamento Banda, la “Villa General Belgrano” y muy cercana a la Capital, en el Zanjón la “Villa Constitución”, para las que regían las mismas disposiciones que las anteriores en todos sus ítems. También de 1885 es la fundación de “Villa Moreno” en el sitio llamado “Señora Pujio”,^[39] muy cercano a la actual ciudad de La Banda, un lugar privilegiado para el desarrollo agrícola pues ya se había abierto el Canal de la Cuarteada en 1879^[40] y según estudios realizados un año antes por el Ing. Stavelina, que proveía de agua a los antiguos terrenos de Palmares, Condor-Huasi y Simbol Cañada, ubicado sobre el Acuífero del río Dulce^[41]. Todas estas colonias agrícolas, y las que se fundaran en adelante, quedaban exoneradas del pago de impuestos por un período de 10 años, en tanto se establecieran en una superficie de más de 10 km², así como las colonias que se fundaran en terreno bajo riego que no tengan menos de 200 has., una cantidad mínima de habitantes de 50 para las colonias.^[42]

2.2. Buenos Aires

A Buenos Aires llegó mucho más tarde la cuestión del riego, porque desde los años 1870s el problema fundamental había sido justamente el contrario, desagotar los campos inundados a raíz de la incidencia del cambio climático iniciado a mediados del siglo en la particular conformación orográfica la provincia en su zona de más antiguo asentamiento y mayor producción como era la cuenca del río Salado. Sin embargo, entre las múltiples tareas que el Departamento de Ingenieros llevaba a cabo en relación con el aprovechamiento de las aguas superficiales en los primeros años del siglo XX estaban también la realización del canal de navegación entre Junín y Baradero, los estudios para el uso del agua de los arroyos para los molinos harineros en distintos lugares de la provincia y para riego especialmente en los partidos del sudoeste y sur provinciales.

Los canales de desagote llevaron un intenso período de estudios y trámites legislativos desde 1890, su construcción demandó casi una década entre 1904 y 1913 en que fueron inaugurados y quedó demostrada su poca eficacia con las inundaciones de ese invierno.^[43] Los estudios para los canales de navegación se iniciaron en 1902, durante la intensa discusión por las tarifas ferroviarias, con la intención de establecer nuevas vías de comunicación comercial que pudieran competir con el ferrocarril y abaratar los costos del traslado de mercancías de exportación. Se proyectó un sistema en red de cuatro canales, pero sólo se iniciaron las obras del que unía las nacientes del río Salado en Junín con Baradero en 1904. Los trabajos fueron abandonados en 1907 debido, entre otros factores, a la posible presión de las empresas ferrocarrileras, la inclemencia del tiempo en esos años que provocó pérdidas de obras y retrasos, el constante reclamo de mayores costos por parte de la empresa contratista, los problemas de gestión en los pagos por parte de la provincia y las discrepancias entre los especialistas del Departamento de Ingenieros por las cuestiones técnicas de la construcción.^[44] Esperamos ocuparnos de la utilización del agua como fuerza motriz en próximos trabajos, nos toca ahora la cuestión del riego.

2.2.1. Los estudios para el riego en Patagones

El avance de la frontera que había completado la provincia desde el punto de vista jurídico, aún mantenía espacios en manos del Estado provincial sobre todo en sus confines, si bien, como se ha dicho, la mayor parte fue entregada a particulares. La primera medida que encontramos, durante la gobernación de Marcelino Ugarte, es la que en noviembre de 1902 ordena que el Departamento de Ingenieros estudie la posibilidad de irrigar terrenos fiscales tomando las aguas del río Negro en Patagones. Habiendo realizado el ingeniero Julio Figueroa los cálculos necesarios como para emprender una tarea mayor, en abril de 1903 se le encomienda al Departamento de Ingenieros que lo contrate para realizar el “estudio definitivo y completo”, para lo que se determina disponer de la suma de $m/n26.700, puesto que “hay verdadera conveniencia para los intereses de la Provincia en entregar á la brevedad á la colonización en buenas condiciones la mayor área posible de las referidas tierras, con lo que se tendrá una fuente segura de riqueza pública inexplotada hasta hoy, por las condiciones en que se encuentra”.^[45] En su mensaje a la legislatura del año siguiente, el gobernador Ugarte anunció que según los estudios realizados podrían irrigarse 329.893 has pero como se habían formulado diferentes proyectos se estaba analizando cuáles implicaban la menor erogación posible para la provincia.^[46] En su último mensaje a la legislatura informó que se había contratado a Carlos Wauters para hacer los proyectos definitivos y se encontraban trabajando sobre el territorio cuatro comisiones: “dos de las cuales se ocupan del levantamiento planimétrico y altimétrico de la zona fiscal, otra en el relevamiento completo y nivelación del curso del río Negro y determinación de su caudal, y la cuarta en los estudios experimentales sobre los cultivos apropiados á la región”. Detalla, además, que se había cambiado la técnica que se utilizaría para regar, pues si bien en un principio pensaban hacer una canal de alimentación de 180 km, encontraron que su implementación podría malograr los resultados, para lo cual buscaron otra alternativa, que proporcionó Wauters proponiendo “levantar el agua del río en un punto próximo á la tierra de riego, aprovechando para conseguirlo la fuerza mecánica del mismo, á fin de volcarla sobre ella tan directamente como sea posible” de esta manera se aprovechaba mejor el caudal de agua y se regaba más superficie a menor costo.^[47]

En la continuidad institucional de los gobiernos conservadores de inicios del siglo XX, Ugarte impulsó la candidatura de Ignacio Darío Irigoyen, bajo cuyo mandato se continuaron las obras del sur. En 1908, el gobernador anunció a la legislatura la finalización de los estudios para preparar el proyecto definitivo y el éxito de las experiencias con cultivos bajo riego: se ensayó con tres variedades de trigo, barleta, ruso y candeal, cuyos rindes fueron superiores a los obtenidos en “los buenos terrenos europeos”; y también con avena, cebada, centeno y forrajeras de invierno, de los cuales no menciona más datos. Los experimentos de control realizados posteriormente confirmaron los resultados obtenidos.^[48]

2.2.2. Estado y particulares en torno al riego en las tierras más pobladas en el sudoeste

En el límite de los partidos de Villarino y Bahía Blanca el poder ejecutivo debió resolver un conflicto entre privados y al mismo tiempo dejar en claro las potestades de cada instancia del Estado. La Municipalidad de Villarino denunció que algunos propietarios habían desviado el curso del arroyo Sauce Chico perjudicando a otros. Luego de los respectivos informes del Departamento de Ingenieros y del Asesor legal, que no han llegado a nosotros pero son citados en la resolución, se decidió que el primero realizara los estudios necesarios para devolver el río a su cauce natural y redactara un reglamento para el uso del agua de los arroyos para riego; asimismo, se le recordó a las respectivas municipalidades linderas al arroyo que no podían realizar concesiones para el aprovechamiento de las aguas porque esa era una prerrogativa del ejecutivo provincial y debían notificar a los propietarios que cualquier tipo de obra que pretendieran realizar debía estar acompañada de los estudios correspondientes y ser presentada ante el Ministerio de Obras Públicas.^[49]

La legislatura se aplicó inmediatamente a la cuestión de recuperar tierras para la producción agrícola en la zona, dictando  una ley que autorizaba al poder ejecutivo a practicar los estudios necesarios para irrigar el ejido de Bahía Blanca con las aguas del arroyo Napostá, pudiendo destinar para ello $15.000.^[50] Aparentemente, en 1905 los estudios sobre el arroyo Sauce Chico todavía no estaban finalizados, pues se autorizó a los vecinos de Villa Olga a utilizar sus aguas para riego “sin perjuicio de que, cuando el Poder Ejecutivo lo crea oportuno, intervendrá en la fijación del volumen de agua á derivar del citado arroyo para el fin antes citado”.^[51] Asimismo, otra ley autorizó al poder ejecutivo a invertir hasta $60.000 para estudiar la hidrografía de la cuenca del río Quequén Grande con el fin de construir un canal de cabotaje entre Lobería y la desembocadura, aprovechar el agua como fuerza motriz y para riego.^[52]

2.2.3. Las propuestas de los terratenientes para regar sus tierras

Juan A. Pradere había acumulado 133.123 has en el partido de Patagones, entre 1873 y 1895.^[53] Evidentemente también accedió a tierras linderas del otro lado del río Colorado, en el partido de Villarino, pues sobre éstas su viuda, Juana Estevarena, solicitó al gobierno provincial desviar un caudal de agua cerca de la desembocadura en que se bifurca, para regar 19.520 has. Asimismo, el mismo día 25 de agosto de 1911 hizo idéntica solicitud para regar otras 112.500 has en el partido de Patagones. Los decretos de concesión establecen la cantidad de agua que podía utilizar, la forma en que debían realizarse las obras, las condiciones para mantener la concesión y se establece que quedará sujeta a modificaciones por una futura ley de riego.^[54]

En 1912 E. J. Robertson Grant, un cabañero de Azul especializado en la raza Angus con animales premiados en las exposiciones de Palermo,^[55] solicitó utilizar para el riego de 130 has, el agua del arroyo que atravesaba su campo y desembocaba en el Azul. Las condiciones de la concesión eran muy parecidas a las antes mencionadas para el caso de Juana E. de Pradere.^[56] En el partido de Tornquist se concedió a Rosa Atgelt viuda del empresario Ernesto Tornquist^[57] y a su hijo Adolfo el derecho de desviar hasta las tres cuartas partes del caudal del arroyo “La Ventana” tanto en las épocas de sequía como en las de abundancia de agua y la totalidad del caudal de los arroyos “San Juan” y San Pablo” que corrían totalmente por sus tierras, para regar las 3.925 has del campo “La Ventana” propiedad de la señora y las 440 has. del campo “La Cabaña” de su hijo. En octubre de ese año Eduardo Tornquist hacía lo mismo que sus familiares y conseguía una autorización para extraer la totalidad del agua de los arroyos Sauce Chico y Chaco para irrigar 515 de las 926 has de su campo en el partido que lleva el nombre de su padre.^[58]

Debido a la cantidad de solicitudes al respecto, en tanto esperaba el dictado de una ley sobre el particular, el gobernador Marcelino Ugarte, que había asumido recientemente su segundo mandato, dictó un decreto el 29 de junio de 1914 en el que fijaba los requisitos para solicitar la utilización del agua de ríos y arroyos para “riego, bebida, establecimientos industriales o fuerza motriz”.^[59] Pero además, Ugarte esperaba continuar con la labor realizada en el sur para poder dar riego a 350.000 has de tierra fiscal en Patagones, para lo cual en años anteriores se habían realizado sendos estudios con diferentes propuestas, sin haberse arribado a una decisión al respecto. Para el gobernador, “ha debido dársele la preferencia que merece sobre cualquier otro plan de irrigación precisamente por su situación marítima. Entre hacer la irrigación de tierras situadas sobre un puerto de primer orden como la Bahía de San Blas en donde la producción ahorra el flete, o hacerla en un punto mediterráneo, donde tendrá que abonarlo permanentemente, parece que no se puede vacilar. Y si se agrega que la tierra es fiscal, y que la valorización estaba destinada a beneficiar al Estado, es decir, a todos, parece que el asunto se hace de toda evidencia. Pero no obstante estas postergaciones que no encuentro plausibles, he de impulsar la solución”.^[60]

3. Conclusiones

Desde el punto de vista de las políticas públicas se advierte en ambas provincias un notable desarrollo de las agencias estatales de control del territorio, aunque las prioridades hayan sido diferentes debido a razones geográficas, económicas y políticas. Santiago del Estero, lejos de los mercados y con un clima y suelos poco propicios para la agricultura intentó aprovechar las aguas del río Dulce con una intervención estatal dinámica en la normativa y la asignación de recursos, pero con logros escasos, sobre todo comparados con lo que después sería la explotación del monte. En Buenos Aires, fue mucho más importante tratar de desagotar las feraces tierras de la cuenca del Salado y poner en producción las del oeste y noroeste, donde las lluvias eran propicias, antes que volcarse a desarrollar bajo riego las tierras marginales del extremo sur provincial, donde fue más efectivo el esfuerzo de los propietarios que el del Estado.

Tanto la demanda privada como el accionar de las agencias del Estado en el caso bonaerense fue más tardía y menos eficiente. Para la última parte del siglo XIX Buenos Aires había completado su dominio nominal sobre el territorio, pero aún estaba ocupando y poniendo en producción los campos. Al mismo tiempo, en Santiago del Estero se estaban potenciando las posibilidades de crecimiento en la producción del corredor del Dulce, haciendo un gran esfuerzo por aprovechar el río, con buenos resultados pero abarcando un corto territorio bajo riego. Para inicios del siglo XX, en el extremo sur bonaerense, al menos en el período estudiado, las propuestas estatales de formación de colonias en tierras fiscales, como las de los terratenientes para poner a producir sus tierras, en ambos casos bajo riego, no pasan de estudios de factibilidad y normativas. Aún así, nos permite pensar en esa lógica del progreso que esperaba expandir la frontera agropecuaria aún cuando no había sido completada la puesta en producción de los territorios relativamente mejor conectados de las zonas más productivas de las llanura.

Deberíamos conocer con mayor profundidad el proceso de generación de pueblos a la vera del ferrocarril en el período de máquinas a vapor, que obligaba a paradas de recarga en tramos cortos, para el caso de Buenos Aires. No obstante, parece que no habría diferencias con el caso santiagueño, salvo que allí se combinó con la irrigación de las tierras. También podrían compararse con los pocos casos de éxito de los centros agrícolas de Buenos Aires, sobre los que la historiografía todavía no se ha ocupado.^[61]